Jue, 05/23/2013 - 14:54
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Sin dar mayores detalles, el alcalde Gustavo Petro anunció ayer jueves ante un grupo de periodistas que, a partir de diciembre, la ciudad contará con su propia empresa pública para la prestación del servicio de recolección, barrido y limpieza de basuras.
El anuncio deja más dudas que certezas y se da en momentos en los que el Distrito cumple dos años sin sacar adelante una licitación de aseo, por lo que se ha visto obligado a contratar de manera directa a los cuatro operadores privados que desde hace ocho años son dueños del negocio, a quienes se les vencen el 16 de diciembre sus actuales contratos.
Petro —quien desde hace unas semanas había advertido a los privados que si no aceptaban bajar la tarifa al usuario no les prorrogaría los contratos— explicó vagamente que el actual esquema de la libre competencia se mantendrá en diciembre, lo que quiere decir que cualquier empresa podrá entrar a las calles a recoger la basura, incluyendo una pública.
Dijo que quiere emular el ejemplo de Medellín, y crear un modelo como el de EPM, pero que incluya el servicio de recolección de basuras. En el Valle de Aburrá es Empresas Varias de Medellín (EEVVM) la entidad pública que presta el servicio de aseo.
Lo que no explicó el alcalde es de dónde van a salir los recursos para comprar los camiones, contratar a los empleados necesarios y financiar los servicios complementarios de esa nueva empresa distrital.
Aunque no está claro de qué manera la administración comenzaría a prestar el servicio del aseo (¿En qué zona? ¿Con cuántos vehículos recolectores?), lo cierto es que la actual flota de 600 camiones les costó a los operadores alrededor de $100 mil millones, con una planta de empleados directos que supera los nueve mil.
Y en materia de presupuesto, el proyecto de la empresa pública recolectora ni siquiera forma parte del Plan de Desarrollo de Petro y su creación tendría que pasar por el Concejo.
“Prestar el servicio de recolección directamente va en contra de la ley”, opinó Juan Carlos Junca, exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). El concejal Antonio Sanguino agregó: “Es una propuesta técnica y fiscalmente incoherente que nos haría volver a los nefastos tiempos de la EDIS”.
Declarada en liquidación en 1996, la antigua EDIS (Empresa Distrital de Servicios Públicos), con un atraso tecnológico de más de 20 años y un déficit que llegó a superar los $3.500 millones, mantuvo a la ciudad en una permanente emergencia sanitaria que, guste o no, fue superada cuando se entregó la responsabilidad a los privados.
Hoy en día los privados son vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos y por el propio Distrito, y, además, están obligados a prestar servicios complementarios como la recolección de escombros, la limpieza y el lavado de plazas y corte de césped.
En diciembre, sin relación contractual con la administración, estos operadores sólo rendirán cuentas a la Superservicios y la tarifa apenas los obligaría a recoger la basura y al corte del césped.
Precisamente son ellos, los privados, los más felices con el anuncio del alcalde. Este diario conversó con varios de sus representantes extraoficialmente y quedó claro que les conviene evitarse el costoso y dispendioso trámite de una licitación. No la necesitan, pues tienen los camiones y ya cada uno maneja sus rutas.
Acaso la única amenaza que tengan que enfrentar estas empresas (Atesa, Aseo Capital, Lime y Ciudad Limpia) sea que la facturación del servicio se haga en conjunto con la Empresa de Acueducto y esta, como se sabe, es pública y está bajo las órdenes del alcalde.
En este punto también cabe preguntarse qué va a pasar con la millonaria licitación que el año pasado entregó el Distrito por US$55 millones para la creación de un Sistema Integrado de Información del Servicio de Aseo (Siisa), cuya operación está congelada porque se trata de una tecnología que comenzaría a ser aplicada con la nueva licitación.
Respecto a la tarifa, la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) ha dicho que es la única encargada de establecer la tarifa techo que paga el usuario, sobre la cual cada entidad territorial define su precio.
El costo del desorden
El atraso en la licitación de basuras ha hecho que los bogotanos paguen $76.361 millones de más por la prestación de este servicio.
Así lo revela un informe de auditoría excepcional de la Contraloría General de la República que estima que en su conjunto los capitalinos cancelaron esa millonaria suma a los cuatro operadores.
El incremento se debe, según la Contraloría, a que la fórmula de las tarifas aún no se ha ajustado a las nuevas normas expedidas por la CRA, las cuales ordenan la reducción en el cobro por la prestación del servicio. La Uaesp no ha incorporado el nuevo modelo porque, desde 2008, ha intentado sin éxito estructurar un nuevo proceso de licitación con un esquema tarifario sobre la base de la competencia y los precios del mercado.
En la Contraloría cursan cuatro indagaciones preliminares, dos ante la delegada de Medio Ambiente y las otras en la Unidad Anticorrupción. Este diario conoció que el posible detrimento alcanzaría los $140.000 millones.
La auditoría señala que los contratos actuales le representan a Bogotá un desembolso extra que equivale al 20,9% de la tarifa.
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