Tema del dia | Dic 01 - 10:03 pm

Víctimas, en tela de juicio

Autoridades criticaron que se estén prefabricando testimonios para engañar al Estado.

En el barullo de las falsas víctimas la gran sacrificada es la memoria histórica del país. Los casos de Mapiripán y Las Pavas parecen indicar que al Estado le han metido muchos goles. El presidente Santos dice que no va a permitir que los “avivatos” hagan su agosto; el ministro Germán Vargas afirma que es inaceptable que se prefabriquen víctimas; la fiscal Viviane Morales insiste en un nuevo montaje. En la otra orilla, distintas ONG señalan que dos o tres episodios cuestionados no le restan responsabilidad al Estado en muchos hechos por los cuales ya resultó condenado.

Y ha sido la Fiscalía la que ha alertado al Gobierno sobre los posibles entuertos. En el caso de la finca Las Pavas (Bolívar), el ente investigador constató que hubo falsas denuncias cobijadas por un montaje nacional e internacional con el fin de defraudar al Estado, hacerle creer que 123 familias sí eran desplazadas por el paramilitarismo, al punto de que la Corte Constitucional los incluyó en el listado de desplazados de Acción Social y ordenó que mientras se surtía el proceso de extinción de dominio sobre este terreno las familias podrían quedarse allí.

La entidad ordenó indagar a algunos miembros de la Asociación Campesina de Buenos Aires (Asocab), quienes adelantaron el proceso judicial para certificar el desplazamiento forzado que por ahora la justicia descartó, así como a Pedro Moreno Redondo y otras falsas víctimas que se retractaron. No obstante, en diálogo con El Espectador, Zoraida Hernández, una de las abogadas de Asocab, criticó la decisión y dijo que se está favoreciendo “a los despojadores”.

El predio Las Pavas figuró por muchos años como propiedad de Jesús Emilio Escobar. Al decir de Asocab, dicho terreno se encontraba baldío y fue ocupado en 1997 por cerca de 500 personas supuestamente desplazadas por las Auc. Después de un pulso jurídico, el predio finalmente fue vendido en 2007 a las empresas CI Tequendama (que después se retiró del proyecto) y Aportes San Isidro. Desde antes de la venta, los campesinos habían solicitado al Estado que se les dieran esas tierras para su usufructo, por lo que se inició un proceso de extinción de dominio. En 2009 comenzó un nuevo litigio y en 2011 la Corte Constitucional falló que esas 123 familias sí eran desplazadas.

Ayer, el presidente de esa corporación, Juan Carlos Henao, fue enfático al advertir que dicha sentencia puede reversarse si se encuentran irregularidades en el trámite del expediente, al tiempo que hizo un llamado para que los organismos del Estado encargados de vigilar estos procesos “sean más exigentes” a la hora de evaluar los posibles “colados” y otros fraudes. En ese sentido se pronunció la fiscal Viviane Morales, quien dijo que se probó que nunca hubo asentamiento de esas familias en la finca Las Pavas, que se trató de engañar al Estado y a la justicia, a la que hay que blindar como sea, y que en Justicia y Paz no se sigan presentando episodios similares.

En la decisión de Las Pavas, la Fiscalía incluso acusó al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio —la prestigiosa iniciativa de la comunidad jesuita, Premio Nacional de Paz— de “orquestar el montaje”. El abogado Roberto Vidal, representante de los sacerdotes, aclaró al respecto: “Se trata de un programa de paz que se realiza en conjunto con la Universidad Javeriana, que ha tenido gran éxito en el Magdalena Medio y que trabaja en problemas de territorialidad. Lo que el proyecto hace es acompañar a comunidades campesinas y asesorarlas en su búsqueda de restitución de tierras”.

En medio del pulso de ONG de izquierda y derecha está la memoria histórica de sucesos violentos por los que ya ha sido condenado el Estado colombiano en 10 ocasiones en la CIDH y en otros casos que aún no han llegado a esa instancia internacional. En síntesis, lo que queda claro es que no necesariamente la verdad judicial coincide con la verdad histórica. Pero muy distinto es que terminen feriándose las responsabilidades y condenas al Estado por inescrupulosos que se aprovecharon de las falencias del sistema judicial colombiano.

¿Inconsistencias en caso de El Salado?

Según la ONG Defensoría Militar (Demil), habría inconsistencias entre la lista de víctimas de la masacre de El Salado —ocurrida en febrero de 2000— que presentó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la que se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y alertó sobre la posibilidad de que existan falsas víctimas de esta masacre. Entre las presuntas falsas víctimas que denuncia Demil estaría Eloy José Montes Olivera, quien no habría muerto en El Salado y viviría actualmente en Turbaco (Bolívar).

El caso Mapiripán

A raíz de las denuncias por posibles falsas víctimas que se habrían ‘colado’ en las indemnizaciones de Mapiripán, las ONG Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, Centro de Pensamiento Primero Colombia, Verdad Colombia y Educación, Libertad y Democracia le enviaron un escrito a la Corte Interamericana de DD.HH. para que sea tenido en cuenta en su estudio del caso Mapiripán. Según la demanda de las organizaciones, conocida por este diario, en total 17 personas habrían sido presentadas como víctimas de la masacre de Mapiripán fraudulentamente. Sin embargo, de esa lista, tres no figuran en la sentencia de la Corte Interamericana (Alejandro Bustos, Gustavo Ospina ni Wilson Molina) y cinco fueron identificados como víctimas por el propio Estado (Ana Beiba Ramírez, Uriel Garzón, Eliécer Martínez, Ómar Patiño y Manuel Arévalo). La Fiscalía ya llamó a interrogatorio a algunos familiares de las posibles falsas víctimas, entre ellas Mariela Contreras, su hijo Hugo Martínez y Argemiro Arévalo (hijo de Manuel Arévalo).

“Fiscalía se presta para proteger a los despojadores”

La abogada Zoraida Hernández, quien representó a los campesinos de Las Pavas, dijo que la decisión de la Fiscalía se presta para proteger a los despojadores. “Estamos sorprendidos por la decisión, que surge de una investigación clandestina que se limitó a la versión de los despojadores y en la que las víctimas no pudieron controvertir las pruebas. La providencia carece de motivación jurídica, de análisis imparcial y tiene una carga política e ideológica fuerte. Ahora resulta que las víctimas que denuncian son los victimarios, y los despojadores, las víctimas. Este es un mensaje negativo, justo cuando se habla de restitución de tierras.

La providencia afirma que no hubo desplazamiento y que no existían paramilitares en la zona, cuando se sabe que allí incursionó el Bloque Central Bolívar en 1996.

No se sabe qué presión existe para detener la posible restitución de las tierras a la comunidad, donde ahora hay cultivos de palma aceitera. Ahora la Fiscalía ordena investigar a las organizaciones que acompañamos a la comunidad de Las Pavas y en ese caso nos declaramos culpables de defender los derechos de una comunidad atropellada y de pelear para que le devuelvan la tierra. Por esta labor no hemos recibido ni un peso y lo que han recibido los campesinos de manos Acción Social es por la ola invernal”.

Redacción Judicial | elespectador.com