Víctimas por ley

María José Pizarro, José Antequera, Bernardo Jaramillo, Federico Arellano y Édgar Pulido discutieron las puntos más polémicos de la ley de víctimas.

Cinco jóvenes con destinos encontrados, vidas paralelas, hijos de mártires no olvidados y tragedias parecidas, se reunieron con El Espectador para discutir los alcances y debilidades de la ley de víctimas y restitución de tierras que hoy cursa en el Congreso, con muchos defensores pero más detractores.

Bernardo Jaramillo, hijo del asesinado candidato presidencial de la UP del mismo nombre; María José Pizarro, hija del también excandidato presidencial y excomandante del M-19; José Antequera, hijo del dirigente de la Unión Patriótica del mismo nombre; Federico Arellana, hijo de Gerardo Arellana, muerto en el avión de Avianca que el narcotráfico hizo explotar en el aire, y Édgar Pulido, hijo del congresista conservador por Boyacá con el mismo nombre, 20 años después se reunieron para hablar del pasado y opinar del presente.

Se está discutiendo cuál será la fecha de inicio de la ley, que podría ser 1985, ¿cómo lo ven?

Bernardo Jaramillo (B.J.): En mi concepto no sólo son víctimas los de los últimos 30 años, sino los de muchos años atrás. Creo que esto viene desde la época en que se forjaron las guerrillas en este país. La fecha de inicio mínimo debe ser 1980.

Édgar Pulido (E.P.): Hay que remontarse al momento en que los grupos armados, de izquierda o de derecha, se gestaron. Ese debe ser el inicio de la ley.

José Antequera (J.A.): La ley debe tener una fecha para el reconocimiento de las víctimas y otra para la política de reparación. El reconocimiento de las víctimas podría ir desde 1946, que es cuando se inicia el conflicto reciente, sin que eso se oponga a que se establezcan otra fecha para la política de reparación, que bien podría ser 1980.

Federico Arellana (F.A.): La ley debe tener un término de temporalidad definido, he hablado del año 60 ó 65, no sólo para reconocer víctimas, sino también para restituir tierras. Mínimo debería ser el año 65.

María José Pizarro (M.J.P.): Lo ideal sería desde que mataron a Gaitán. Lo posible, en términos fiscales, podría ser 1970. Sí ninguna de esas es posible fiscalmente, pensaría en establecer un concepto de víctimas en el que todos nos sintamos representados y que la reparación sea desde 1970 ó 1980.

¿El concepto de víctima?

B.J.: La ley debe incluir a todos los actores del conflicto

E.P.: No solamente los civiles hemos sido víctimas de esta guerra, sino también los victimarios han terminado por ser víctimas. Los niños que fueron reclutados contra su voluntad y estuvieron en el grupo armado después de cumplir la mayoría de edad, fueron víctimas del conflicto y así deben ser reconocidas

J.A.: Deben estar incluidas todas las vulneraciones a los Derechos Humanos partiendo del reconocimiento de la responsabilidad del Estado. El concepto debe incluir a los combatientes cuando haya existido una violación al Derecho Internacional Humanitario. Y en tercer lugar, también tienen que ser incluidos los familiares de los combatientes, porque a éstos también se les han violado sus derechos.

F.O.: El concepto debe ser incluyente. Hay que trabajar en mecanismos para manejar el transito de víctima a victimario y viceversa. Víctimas es cualquiera que haya sido vulnerado en sus derechos fundamentales.

M.J.P.: Independientemente de que haya hecho parte de un grupo armado o no, cualquier persona, civil, militar, guerrillero o paramilitar, a la que le hayan violado sus derechos fundamentales deben ser reconocidos como víctimas. Los familiares tienen derecho a ser víctimas, por ejemplo, en el caso en que hayan sido perseguidos y violentados sólo por tener un familiar en un grupo armado ilegal, eso es una violación al D.I.H.

¿Cómo han visto la propuesta de reparación?

B.J.: No basta la reparación económica, debe ser integral, que incluya la monetaria, la reivindicación de la memoria, los derechos y las garantías que tienen todas las víctimas.

E.P.: La ley se ocupa de los diferentes aspectos de la reparación: la económica, la simbólica, la ayuda humanitaria, etc. Todas hacen parte de la reparación administrativa, pero creo que es insuficiente porque lo que pretende la ley es un acto simbólico en busca de la paz y la reconciliación. Es más importante la reparación judicial que la económica.

J.A.: Es válida siempre que parta de un criterio de responsabilidad y no de solidaridad, que no excluya la reparación judicial y esté acompañada de medidas que permitan fortalecer la posibilidad de una reparación integral: verdad y justicia. Veo una confusión entre las medidas de asistencia humanitaria y las de reparación, eso me preocupa.

F.O.: La reparación administrativa es un mero avistamiento de lo que puede llegar a ser una reparación en un proceso de paz, que es la génesis de la ley. Ésta no debe pugnar con la reparación a través de la justicia ordinaria ni con la justicia internacional. Pero veo que lo que se ha planteado es insuficiente. Este es un tema más integral que tiene que ir de la verdad a la justicia resarcitoria y finalmente a una reparación administrativa.

M.J.P.: Creo que una verdadera reparación demostraría la grandeza de este pueblo.

¿Qué piensan del capítulo de tierras?

B.J.: Si a alguien lo desplazaron de un metro cuadrado de tierra, ese metro tendrá que estar en el mismo sitio, pero el retorno debe ir acompañado de incentivos y créditos para que los campesinos puedan desarrollar proyectos que les permitan vincularse de nuevo al campo.

E.P.: En cuanto a la fecha, que para tierras es 1991, me parece absurdo, puesto que en este caso también debe establecerse cuándo fue el albor del despojo de tierras y creo que esa fecha debe ser la misma que la de víctimas. Más allá de la restitución, tendrá que haber un plan de choque para que se piense en una reforma agraria vinculada al Estatuto de Desarrollo Rural.

J.A.: Lo ideal es que se materialicen los sueños de nuestros padres, que no son de restitución sino de redistribución de la propiedad. En el marco de la ley, la fecha del 91 es ridícula. El derecho de superficie es la legitimación de la consolidación de los fines de la política de exterminio y desplazamiento. La razón fundamental del desplazamiento es la necesidad de redistribución. Eso falta.

F.O.: La fecha de la restitución es perfectamente inconcebible. Si sin que se apruebe la ley ya están matando a los reclamantes de los feudos, ¿qué va a pasar con quienes les sean restituidos los predios en zonas que aún permanecen en guerra?

M.J.P.: Dado que el problema de la tierra está en el centro de la historia de la violencia, la redistribución de ésta es el gran reto histórico.

¿Verdad y justicia son los problemas de fondo de la ley?

B.J.: Para mí la justicia es que haya verdad. La verdad nos llevará a la justicia.

E.P.: En este proyecto se está haciendo un esfuerzo para llegar a la verdad y que la impunidad no reine más.

J.A.: El problema estructural de la ley de víctimas es la falta de verdad y de justicia, que hoy están empantanadas en la Ley de Justicia y Paz. La impunidad en Colombia significa que en uno de cada tres municipios aún hay paramilitares y eso ha llevado al asesinato de más de 45 líderes de reclamación de tierras.

F.O.: La justicia y la verdad son correlativos y conexos, son los pilares de cualquier Estado de Derecho.

M.J.P.: Cuando aceptemos que hay muchas verdades reinará la verdad. La justicia pasa por la verdad. La verdad es relativa y sólo cuando aceptemos eso habrá verdad. La justicia no lo es.

El gran enemigo de la ley ha sido el concepto de la sostenibilidad fiscal, ¿qué piensan de eso?

M.J.P.: Habría sostenibilidad fiscal si no hubiera corrupción, si los bienes incautados a los ‘narcos’ se pusieran al servicio de esta ley.

 F.O.: La ley no se puede fundamentar en el tema fiscal porque no sabemos cuántas víctimas hay y va a haber cuando se sancione la ley. Por otra parte, no todas las víctimas buscan una reparación económica.

J.A.: Mientras al gobierno no le importó la sostenibilidad fiscal para hacernos el show de falsas desmovilizaciones, en las que se gastaron miles de millones de nuestra plata, sí le importa la sostenibilidad fiscal para garantizar nuestros derechos como víctimas. Que la ley dependa del criterio de la sostenibilidad fiscal es evidenciar que el Estado es incapaz de garantizar el derechos de sus ciudadanos. Este criterio debe ser eliminado si se quiere demostrar que hay voluntad de construir paz y democracia.

E.P.: Es un argumento mezquino utilizado por quienes en un comienzo se opusieron a la ley. Ésta, más que un gasto, es una inversión.

B.J.: No me parece que sea importante. Si se trata de reivindicar los derechos y de buscar una paz duradera, no pienso que sea un factor determinante. Además, si no hay plata es por los billones que se pierden en corrupción y en guerra. No entiendo por qué si la burocracia colombiana cuesta $20 billones, $40 billones, que es el costo de la ley, sean demasiado por pagar una deuda insoluta históricamente.

¿El Estado debe asumir la responsabilidad?

B.J.: Para mí es total, no sólo por las políticas que implementó, sino por la omisión en los hechos tan gravosos que se han dado en el país.

E.P.: La responsabilidad del Estado ha sido evidente. El hecho de que no se le garantice el derecho a la justicia a las víctimas es una muestra.

J.A.: El reconocimiento de la responsabilidad del Estado es fundamental para generar confianza, para que las víctimas se sientan tranquilas de participar en los procesos de reparación y justicia.

F.A.: A mi juicio, la responsabilidad del Estado radica en la imposibilidad de garantizar los derechos fundamentales de sus asociados.

M.J.P.: La responsabilidad del Estado es total: por acción y omisión. Bastaría con leer el preámbulo de la Constitución. La responsabilidad del Estado es lo que esperamos.

Las víctimas de Puerto Boyacá

Un foro de discusión de la ley de víctimas se desarrolló el pasado jueves en Puerto Boyacá, municipio que tiene el tristemente celebre rótulo de la cuna del paramilitarismo en Colombia.

En la capital antisubversiva de Colombia, como se le conoció, se pusieron cita los ponentes de la ley de víctimas: el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras; el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, y los hijos de algunos de los más emblemáticos asesinados de la década de los ochenta: Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, José Antequera, Rodrigo Lara, Édgar Pulido  y Gerardo Arellano.

El acto ceremonial, citado por el senador Juan Manuel Galán, buscaba escuchar a las víctimas de esta ensangrentada región.

Con una ofrenda floral lanzada al río Magdalena, sobre el cual una habitante dijo: “Si ese río hablara, serían muchas las verdades que saldrían a flote, si ese río hablara...”.